LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN AMÉRICA
LATINA
La
violencia y la criminalidad son dos de los problemas sociales más importantes y
al mismo tiempo los menos entendidos en la actualidad. El sostenido aumento de
los delitos en América Latina e incluso la disminución ocurrida en Europa y
Estados Unidos no tienen clara explicación (1).
Es
evidente entonces que las perspectivas teóricas utilizadas para analizar estos
fenómenos son aún limitadas y proveen una interpretación sobre sus causas,
consecuencias y formas de prevención aún precarias. Esta carencia de cuerpos
teóricos analíticos que permitan analizar estas problemáticas como fenómenos
sociales, aumenta el uso del sentido común que enfatiza el componente
individual del fenómeno violento.
De
esta forma, la percepción que hay gente que “opta” por ser violenta o por
cometer delitos se ha instalado en mucho de la discusión cotidiana sobre el
tema. De igual forma las propuestas de solución tienen un cariz cada vez más
represivo y punitivo, sin considerar el verdadero impacto que tienen estas
propuestas.
La
presencia de enfoques diversos y especializados sobre la violencia y la
criminalidad han generado un manejo inadecuado de estas categorías. Por lo que
se tiende a confundir conflicto con violencia, violencia con criminalidad y
esta última con sensación de inseguridad. Esta falta de claridad en la
utilización de los términos origina serias consecuencias en el análisis y tiene
implicancias relevantes en la formulación e implementación de políticas
públicas. En medio de la ambigüedad hay un elemento transversal de acuerdo y
consenso: la necesidad de vincular al gobierno local en las tareas de
prevención y control del delito. Sin duda la definición de los problemas que
ocurren en una determinada ciudad, barrio o localidad se realiza con mayor
detalle a nivel municipal y por ende las soluciones pueden tomar una
característica más participativa y directa.
La
participación de los gobiernos locales enfatiza la necesidad de mecanismos de
prevención para los problemas encontrados en cada realidad. De esta forma, la
participación y fortalecimiento de dichos niveles de gobierno es un requisito
principal para el desarrollo de políticas de seguridad multidimensionales con
iniciativas de prevención y control desarrolladas coordinadamente. Bajo esta
premisa nace la presente publicación como parte del resultado y sistematización
del Proyecto Prevenir (Promoción de Buenas Prácticas de Participación
Comunitaria en Prevención del Delito) de la Red 14, Seguridad Ciudadana en la
Ciudad, del Programa URBAL. El proyecto unió a diversos gobiernos locales de
América Latina y Europa con el fin de intercambiar y analizar sus experiencias
en materia de prevención del delito, especialmente aquellas vinculadas con el
aumento y consolidación de la participación de la ciudadanía. El trabajo de
todos ellos a lo largo de un año tuvo como resultado no solamente el
intercambio, sino también el análisis de las propias realidades locales, donde
afloraron temáticas no exploradas y necesidades que buscan respuesta. En este
esfuerzo valoramos especial-mente el trabajo del Municipio de San Joaquín
(Chile) liderado por el alcalde Sergio Echeverría, encargado de coordinar el
proyecto a través de la directora ejecutiva de la Corporación de Desarrollo
Urbano Nuevo San Joaquín, Isolda Zamorano. También reconocemos la labor
comprometida y la activa participación de los municipios socios: Bellavista,
Perú, con su alcalde Juan Sotomayor y la representante para el proyecto,
Gabriela Guerra; Santa Tecla de El Salvador, a través de su alcalde Óscar Ortiz
y la consejera Eunice Olan; Dodecaneso de Grecia, representado por el prefecto
Ioannis Maheridis y los encargados del proyecto Veneris Panaiotis y María
Andrade, y la Provincia de Padua, con su presidente Vittorio Casarin y sus
representantes para el proyecto Giacomo Michieli y Nicola Modica. Sin su activa
participación en los seminarios desarrollados en Chile y El Salvador, así como
el constante intercambio de información, esta publicación no hubiera sido
posible.
Finalmente, en muchos países los diversos
poderes del Estado se culpan por los problemas, el enfrentamiento más
reconocido se genera entre las policías (que argumentan detener para que los
jueces liberen) y los jueces (que argumentan que las policías detienen personas
sin recolección de evidencia que permita generar una condena).
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